Informe
Otálvora
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Senado brasileño convoca a debate sobre situación
política interna de Venezuela
*** China reemplazaría a Rusia como proveedor
de nuevos aviones de combate para Venezuela
*** Rumores de cambios en el Ministerio de Defensa
*** Alianza militar de Perú y Colombia en la
Amazonía
*** TSJ propugna aislamiento jurídico de Venezuela.
La
Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa (CRE)
del Senado brasileño se apronta para escenificar
un agrio debate en relación a la situación
política interna de Venezuela.
Por
un acuerdo entre las diversas fuerzas políticas,
el próximo 09 de julio se realizará una
maratónica sesión para escuchar opiniones
de personalidades y sectores en relación a la
aprobación del Protocolo de ingreso de Venezuela
al Mercosur como miembro pleno. La sesión, lejos
de limitarse a los aspectos económicos o comerciales,
amenaza con ser un choque de visiones sobre el proyecto
político de Hugo Chávez y la forma como
el Estado brasileño debería relacionarse
con él.
El
carácter no democrático del gobierno Chávez
es un argumento que está siendo intensamente
alegado por los senadores brasileños que se oponen
al ingreso de Venezuela al Mercosur. El tratamiento
a los medios de comunicación es una de las fichas
de senadores como el expresidente Collor de Mello, razón
por la cual el nombre Marcel Granier, presidente de
RCTV (el canal cuya señal abierta fue clausurada
por Chávez en el 2007), figura en la lista de
invitados a exponer su posición ante la CRE.
El listado de expositores y expertos aún no está
definido y se conjetura que en los próximos días
se de una fuerte puja al respecto. Se espera que Caracas
presione para que una personalidad proclive a Chávez
sea invitada y buscar compensar la presencia de Granier
o del opositor venezolano que finalmente sea convocado.
En
la sesión de julio, la CRE deberá conocer
los resultados de las negociaciones sobre liberalización
comercial realizadas en mayo por Venezuela y Brasil,
las cuales quedaron plasmadas en un compromiso firmado
por los dos gobiernos el 26 de mayo en la ciudad de
Bahia. Este es otro de los aspectos polémicos
del caso venezolano, a juicio de empresarios y parlamentarios
brasileños. Según el senador Mozarildo
Cavalcanti, representante del fronterizo estado de Roraima
y miembro de la CRE, Venezuela está demorada
en comprometerse a cumplir 167 normas del complejo esquema
de reglas comerciales del Mercosur. En medios empresariales
brasileños, el cronograma de desgravación
ofrecido por Venezuela no es satisfactorio. Mientras
en Venezuela, la dirigencia empresarial no ha sido informada
sobre los alcances del acuerdo firmado con Brasil.
Las
cuentas de votos-sacadas por los operadores del gobierno
de Lula en el Congreso- señalan que la CRE muy
probablemente aprobará el protocolo Venezuela-Mercosur,
el cual pasará entonces a consideración
de la plenaria del Senado. Igualmente las cuentas señalan
que para finales del mes de julio, para cuando está
convocada la reunión semestral presidencial del
Mercosur, aún seguirá el caso Venezuela
trabado en el congreso brasileño. Otro tanto
ocurre en el Congreso paraguayo donde el presidente
Fernando Lugo no pareciera contar con la fuerza política
para negociar con la oposición (y con sectores
de la propia alianza de gobierno) para dar luz verde
a Venezuela en el Mercosur.
Los
planes de adquisiciones militares venezolanas, especialmente
las referentes a su fuerza aérea, estarían
siendo modificados. La apreciación corrió
en medios internacionales a media semana, luego que
el ministro de la Secretaría de la Presidencia,
el ex piloto de combate Luís Reyes Reyes, anunciara
que Venezuela evalúa la compra de una flotilla
de aviones de fabricación china L-15 Falcon.
Hasta
ahora, la única copra de aeronaves de combate
chinos convenida entre Caracas y Pekín, estaba
referida a 18
aparatos K-8 Karakorum, destinados a entrenamiento
de pilotos y cuya entrega pautada para finales del presente
año fue pospuesta para el primer semestre del
2010.
Según
Reyes Reyes, Venezuela está en procura de un
“avión de combate intermedio”, lo
cual ha sido interpretado como el abandono de los planes
de Hugo Chávez para adquirir naves de alto perfomance,
como los Su-35 rusos. A cambio, los chinos habrían
ofrecido a Venezuela su L-15, el cual cuenta
con tecnología rusa y puede ser destinado incluso
como nave para entrenamiento avanzado de futuros pilotos
de los Sukhoi 30, aparte de sus capacidades de ataque.
La
asignación a Reyes Reyes de las negociaciones
con el proveedor de aviones de guerra chino pudiera
ser un indicio de inminentes cambios en la cúpula
ministerial militar en Venezuela. El Ministerio de la
Defensa se encuentra desde el mes de marzo provisionalmente
en manos del Vicepresidente Ejecutivo, coronel (retirado)
Ramón Carrizález, quien al asumir el cargo
anunció el final de las paradas militares cuando
hubiese cambio en la jerarquía de ese ministerio.
El teniente coronel (retirado) Reyes Reyes sería
una de las opciones que Hugo Chávez maneja para
designarlo como su nuevo Ministro de Defensa.
Los
pactos militares de Colombia con Perú y Brasil
para la supervisión conjunta de la Amazonía
tienden a estar operativos en corto plazo. Las fuerzas
aéreas de Colombia y Perú ejecutarán
a finales de junio un ejercicio para afinar procedimientos
en operaciones combinadas para interdicción de
aeronaves sospechosas. Narcotráfico y circulación
ilegal de armamento son los blancos a combatir según
los acuerdos que Lula da Sila, Uribe Vélez y
Alan García suscribieron en julio del año
pasado en la población colombiana de Letizia.
El
Tribunal Supremo de Justicia venezolano está
en la línea de aislar al país del sistema
de justicia internacional. Esta semana, su Presidenta
emitió un inusual comunicado, comentando varias
sentencias, alegando que “las decisiones de los
órganos judiciales internacionales existentes,
institucionales o ad hoc (arbitrales), de carácter
sectorial, para su ejecución en el Estado destinatario,
no pueden obviar impunemente la soberanía nacional”.
Ya en diciembre del 2008, la Sala Constitucional del
supremo tribunal venezolano “exhortó”
al Ejecutivo Nacional para que denuncie la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y rechace las sentencias
de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,
a la cual acusan de “usurpación”
de funciones.
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